Villavicencio (Meta), 29 de enero de 2024. Por disposición de un fiscal de la Seccional Meta, un juez de control de garantías ordenó la privación de la libertad de Juan Arley Romero Barbosa, suboficial de la Policía Nacional. El hecho está relacionado con un trágico accidente ocurrido en la vereda Buenavista, donde fallecieron dos mujeres y otras cuatro resultaron heridas.
Las autoridades iniciaron la investigación al suboficial Romero Barbosa, quien, según la evidencia recopilada, conducía presuntamente bajo los efectos del alcohol; el vehículo que manejaba se salió de control, causando la muerte de dos personas y lesiones a otras cuatro el pasado 29 de enero.
En el lugar de los hechos, varios miembros de la Policía llegaron, intentando someter al suboficial a pruebas de alcoholemia en varias ocasiones sin éxito; finalmente, fue trasladado a un centro asistencial para realizarle el examen de embriaguez, que confirmó su estado en grado 1.
Como resultado de las investigaciones, la Fiscalía imputó a Romero Barbosa por el concurso de delitos de homicidio doloso eventual.
Aunque el acusado no aceptó los cargos, el juez dictó medida de aseguramiento en su domicilio.
La directora de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, coronel Claudia Susana Blanco Romero, informó que el suboficial fue suspendido de sus funciones y se inició una investigación interna, aclaró que Romero Barbosa se desempeñaba como jefe analista de la Policía de Tránsito del Meta y se dirigía a casa cuando ocurrió el accidente.
En el siniestro, ocurrido en la vía al Llano durante la noche del 29 de enero, fallecieron María Natividad Flórez, líder social, y María Adela Romero Mayorga, de 74 años, mientras que cuatro personas resultaron heridas. Después del accidente, la comunidad intentó agredir al conductor, quien se encontraba en estado de shock. El caso está siendo gestionado por las autoridades competentes, y el suboficial enfrentará el proceso judicial correspondiente; la Policía Nacional ha tomado medidas disciplinarias y realiza una investigación interna para esclarecer los hechos y determinar cualquier responsabilidad institucional. La comunidad afectada espera justicia y transparencia en el proceso
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